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RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación Nacional de Mujeres Juezas de Uganda (NAWJU), el capítulo ugandés de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), convocó con éxito la17ª Conferencia de la Región de África de la IAWJ en Kampala, Uganda, bajo el tema "Mujeres juezas rompiendo barreras, fortaleciendo las instituciones. "
La conferencia de cuatro días celebrada del 26 al 29 de octubre de 2022 reflexionó sobre las mujeres en posiciones de liderazgo en el Poder Judicial, las barreras que enfrentan las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos de riesgo que experimentan vulnerabilidades interseccionales en su búsqueda por acceder a la justicia. La conferencia se centró en la prestación de justicia de género en casos de violencia sexual y de género, la mejora del sistema de justicia comunitaria, los problemas emergentes en la justicia juvenil, el discurso sobre la discapacidad, la adopción de procesos de justicia centrados en las víctimas, la COVID-19 y cómo los tribunales pueden aprovechar la tecnología para mitigar el impacto de Covid-19.
Los objetivos de la conferencia fueron, entre otros: compartir y promover prácticas que fortalezcan al Poder Judicial como institución; mejorar el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre los jueces para informar la adjudicación sensible al género; promover y elevar el papel y la posición de las mujeres juezas. Un elemento central de estos objetivos es la necesidad de romper las barreras a las oportunidades de empleo, las promociones y los puestos de toma de decisiones; romper las barreras al acceso a la justicia en el proceso de adjudicación mediante la capacitación de los funcionarios judiciales para identificar y desmantelar costumbres, tradiciones, creencias, actitudes y prácticas regresivas que afianzan la discriminación basada en el género; y, por último, romper las barreras al acceso a la justicia en la comunidad en general en los sistemas de justicia formal e informal.
229 delegados procedentes tanto del Capítulo Africano como de la IAWJ global participaron en la conferencia. Otros participantes incluyeron altos representantes del gobierno, académicos y periodistas de los principales medios de comunicación. El intercambio de experiencias y aprendizajes se llevó a cabo a través de presentaciones presenciales y virtuales, mesas redondas sobre cuestiones temáticas y sesiones plenarias sólidas.
Durante la conferencia se identificaron y debatieron varias cuestiones emergentes:
Los incidentes de violencia sexual y de género siguieron sin denunciarse debido al escaso conocimiento jurídico de las leyes, los derechos y la falta de confianza en el sistema judicial, entre otras barreras que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y otros grupos de riesgo.
Las personas con discapacidad en toda África siguen sufriendo discriminación, especialmente las personas con discapacidad mental que carecen de reconocimiento legal y a menudo están excluidas de una vida plena y completa. En particular, las mujeres y las niñas con discapacidades interseccionales están más desfavorecidas.
Aunque los marcos legales en muchos países africanos son instructivos para proteger a los niños dentro del sistema de justicia juvenil, la implementación de estas leyes sigue siendo deficiente. Por ejemplo, algunos países tenían centros de detención preventiva inadecuados para delincuentes juveniles. Al mismo tiempo, la policía y los funcionarios penitenciarios continuaron tratando a los delincuentes juveniles como adultos, socavando las salvaguardias incorporadas en la ley para proteger a los delincuentes infantiles y rehabilitarlos. Como resultado, se identificaron muchas oportunidades perdidas para que el Poder Judicial redirigiera a los delincuentes juveniles a través de programas de desviación en lugar de procesarlos a través del sistema formal de justicia juvenil.
Existe una insuficiencia general de los mecanismos de apoyo centrados en las víctimas y de la atención informada sobre el trauma para las víctimas/supervivientes de la violencia sexual y de género, incluida la trata de personas, incluso cuando existen leyes que garantizan estos apoyos.
La tecnología tuvo un efecto de doble filo. Si bien es fundamental que las videoconferencias permitan audiencias virtuales, faciliten la comunicación y protejan a los testigos vulnerables, se utilizan cada vez más para perpetrar delitos en línea, incluida la violencia sexual y de género, una tendencia preocupante que el Poder Judicial debe adaptar a la contención.
Al concluir la conferencia, los delegados acordaron puntos de acción concretos resumidos en la Declaración de Kampala respaldada por los delegados participantes. Expresamente, los delegados acordaron lo siguiente:
i. Eliminar las barreras para las mujeres y las niñas en los sistemas de justicia a través de asociaciones multisectoriales y la colaboración con instituciones formales e informales para deconstruir normas de género dañinas y empoderarlas para hacer valer y defender sus derechos. El empoderamiento les permitirá iniciar casos en caso de violaciones, en particular la violencia sexual y de género, para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia. Además, los delegados se comprometieron a crear una base de investigación y una agenda para la programación basada en la evidencia en justicia de género y programas continuos de mejora de la capacidad para que los funcionarios judiciales aborden la violencia sexual y de género;
ii. Desarrollar una adjudicación sensible al género en los casos de violencia sexual y de género en línea a través de la capacitación sobre la violencia sexual y de género, adaptar las leyes existentes y la aplicación de las normas internacionales para abordar la violencia sexual y de género a fin de garantizar que se haga justicia;
iii. Fortalecer los mecanismos de protección de la infancia velando por que se aplique el interés superior del niño en todos los asuntos relacionados con infantes. En particular, proteger a los niños supervivientes y testigos de nuevos traumatismos y velar por que los delincuentes juveniles reciban el tratamiento adecuado para promover la rehabilitación mediante programas educativos y tutoría en los centros penitenciarios para evitar la reincidencia. Deben adoptarse programas alternativos, supervisión y apoyo para los delitos menores a fin de reorientar a los delincuentes juveniles del sistema de justicia formal y mejorar las perspectivas de rehabilitación. Además, las fuerzas del orden, los funcionarios de prisiones y los funcionarios judiciales deben recibir capacitaciones para proteger los derechos del niño dentro del sistema de justicia de menores. Además, la conferencia llamó a los Estados a actuar para ratificar al Abogado para ratificar el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños, 1980, y el Convenio sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, 1993;
iv. Aprovechar las tecnologías de la información en la administración de justicia después de la pandemia mediante la celebración de audiencias virtuales, la presentación y comunicación en línea para reducir la acumulación de casos y los costos de litigios y mejorar el acceso a la justicia. Reconocer la evidencia recopilada utilizando teléfonos móviles, cámaras y redes sociales. Alentar a los gobiernos a vincular digitalmente los datos de las instituciones de justicia penal, como la policía, la fiscalía, las prisiones y los tribunales, para permitir audiencias virtuales de asuntos penales;
v. Incorporar la inclusión de la discapacidad mediante la defensa del principio de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad; Eliminar las barreras que devalúan a las personas con discapacidad a través de reformas legislativas para alinear las leyes nacionales con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido el reconocimiento de la condición jurídica y las capacidades de las personas con discapacidad. Garantizar la accesibilidad y el compromiso de las personas con discapacidad con el poder judicial, y desarrollar la capacidad institucional sobre discapacidad dentro de las instituciones judiciales; y
vi. Adopción de prácticas y procedimientos jurídicos centrados en las víctimas a todos los niveles y creación de entornos seguros y acogedores para las víctimas y los niños que promuevan el acceso a los resultados de la justicia para garantizar intervenciones oportunas y receptivas de acuerdo con la ley y las propias definiciones de la víctima de lo que significa la justicia para ellos.
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